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En defensa de los Jubilados: Denunciamos penalmente al titular de ANSES por las Apelaciones a la Corte

15 de Julio de 2017

Apelaciones a la Corte para reducir deuda del Estado: nueva denuncia contra el Director de ANSES

 

Uno de los estandartes de la administración de Mauricio Macri es haber llevado a cabo “la reparación histórica”, que beneficia con una recomposición los haberes de los jubilados y pensionados del sistema público y que tenía, entre otros de sus objetivos, reducir la cantidad de juicios previsionales. Sin embargo, en lo que va del año y en comparación con 2016, se registró un incremento del 56% en el inicio de nuevos reclamos ante los Juzgados Nacionales de la Seguridad Social.

 

Por otra parte, de los 450.000 juicios en curso, solo el 5% de los jubilados aceptó la oferta de Reparación Histórica mientras que el resto continua tramitando sus expedientes. Entre quienes no habían iniciado juicio la adhesión también fue baja: de los 2 millones de jubilados y pensionados incluidos en el programa de reparación, solo el 23% hizo los trámites para formalizar la aceptación mientras que a un 17% comenzaron a pagarle el ajuste de manera compulsiva. Finalmente, el 60% rechazó expresamente, no tiene oferta o no le ha interesado averiguar la propuesta de ANSeS.

 

En este escenario y ante la escasa repercusión de la Reparación Histórica, la ANSES, según se conoció este sábado, presentó ya más de 300 apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia para bajar el índice de actualización de esos haberes en litigio, pretendiendo reducir el reajustede los jubilados entre un 50% y un 70%. Desconoce, así, el decreto del Ejecutivo que se promulgó casi simultáneamente con la Ley de Reparación Histórica para evitar apelaciones, a la Corte y una Resolución del propio titular de la ANSES, donde ordena a sus abogados consentir sentencias donde se ordene el ajuste de haberes por el índice ahora cuestionado.

 

El fallo jurisprudencial

 

A través de un fallo de 2009, la Corte Suprema confirmó que desde la vigencia de la ley de movilidad los salarios debían actualizarse por el índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción (ISBIC) mientras que la ANSES sostiene, ahora, que éstos deben actualizarse según los índice fijados en la ley de Reparación Histórica (RIPTE), que elabora el Ministerio de Trabajo.
La brecha entre ambos índices es abismal: entre 1995 y 2009, el incremento del ISBIC es del 435%, mientras que “medido” por RIPTE, es del 178%, con lo cual los montos de los retroactivos y el reajuste de haberes disminuye notoriamente, afectando principalmente a quienes se jubilaron a partir de mediados de 2003.

 

La pretensión de la ANSES, de que sea el índice fijado por le ley de reparación histórica, no solo contradice un decreto del propio Ejecutivo Nacional sino que, además, soslaya como objetivo, en pos del cumplimiento de metas fiscales, la pulverización de la deuda que el Estado mantiene con jubilados y pensionados, que podría leerse también como un nuevo ajuste hacia uno de los sectores más vulnerables y postergados de la sociedad.

 

Este viernes, los principales estudios previsionales del país (uno de los cuales es la fuente de este informe) presentaron una denuncia que recayó ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Daniel Rafecas, acusando al Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así, Basavilbaso deberá responder por la violación de la normativa vigente, que impide la apelación de las sentencias y la pretensión de que el ajuste por el índice de la Reparación Histórica, planteado como una opción por la actual administración Nacional, y que perjudica a 9 de cada 10 jubilados, sea ahora la única alternativa posible. Si la Corte Suprema avalara la intención de la ANSeS, no solo se verían perjudicados los 450 mil jubilados con juicios en curso, sino también todos aquellos que han rechazado la Reparación Histórica y pretendan la recomposición de sus haberes sin quitas confiscatorias.

 

“Vamos a luchar contra la inseguridad jurídica y el cambio de reglas para con los jubilados”, aseguró a Buenos Aires Vivo la Dra. Andrea Falcone, una de las abogadas denunciantes en la causa. “No se puede ajustar el déficit fiscal perjudicando a los adultos mayores, que de por sí ya son pobres. No creemos que esta Corte respalde semejante despropósito jurídico”, concluyó la letrada a este medio.



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